Si en 2006 la incertidumbre y la falta de avance real de la liberalización habían marcado el ejercicio, en 2007 se han acentuado dos posturas muy distintas. Por un lado, los países que creen en el mercado único pese a que comporte riesgos de pérdida de cuota y poder de sus empresas, y la de los países que desean defender a sus empresas por encima del objetivo de conseguir un mercado en competencia y no discriminatorio en Europa.

Como se recordará (ya se indicó en el Informe de 2006), el 10 de enero de 2007 la Comisión Europea presentó en todo el territorio de la Unión la Comunicación al Consejo Europeo y al Parlamento recogida en el documento Una política energética para Europa. Sostenibilidad, garantía de suministro y competitividad son los objetivos que se subrayan al inicio del documento, en un entorno marcado por el cambio climático. La reducción de un 20% como mínimo del volumen de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 e incluso un plan de intenciones a largo plazo que alcanzaría el 30% en 2030 y el 60-80% en el año 2050, son los ambiciosos objetivos que hace suyos la Comisión. También se propone alcanzar en 2020 una cuota del 20% del consumo total energético para las energías renovables.

En este ambiente de cierta euforia por el éxito y el consenso alcanzado por la presentación de estos objetivos a medio y largo plazo, se preparó un nuevo marco regulatorio. Este paquete contiene propuestas dirigidas a garantizar una capacidad efectiva y real de elegir proveedor y ventajas para cada ciudadano europeo. Precios más justos, energías menos contaminantes, seguridad de abastecimiento y sostenibilidad (mediante el aumento de la eficiencia energética) son objetivos que se alcanzarían con la implementación en la vida real de este tercer paquete legislativo.

Estas medidas se habían anunciado ya la en Comunicación Una política energética para Europa, aprobada por el Consejo Europeo en marzo de 2007.

La Comisión propone varias medidas que complementan las normas vigentes: Finalmente, las medidas expuestas quedan recogidas en las siguientes propuestas legislativas, que deberán ser analizadas por el Parlamento y el Consejo para su adopción definitiva, si existe acuerdo. En concreto: Estas iniciativas de la Comisión (que, podrían convertirse posiblemente en una tercera Directiva) se realizan en un año en el que quedó establecida como fecha tope para la plena capacidad de elección de suministrador de gas y de electricidad el 1 de julio, con la excepción de los Estados bálticos y otros en los que el gas se ha introducido recientemente.

Sin embargo, han existido denuncias de “asimetrías y competencia desleal en determinados mercados europeos” en la que han insistido, por ejemplo, algunas empresas españolas. Estas situaciones son generadas por la dificultad de compaginar, con las mismas condiciones, la apertura real a todas las empresas que intervienen en el mercado, ya sean de capital privado o con dominio de una incumbent con capital público.

A la hora de redactar estas líneas se trabaja en la búsqueda de una alternativa a la propuesta de la Comisión de separar la propiedad de las redes de transporte de las actividades de suministro o, como alternativa, la segregación de la gestión (mediante un alquiler a un tercero) de las redes de transporte, aunque esta iniciativa cuenta con la oposición de Francia y Alemania. Incluimos, por último, una breve referencia para recoger la propuesta energética de la Comisión de enero de 2008, que recopila y amplía los objetivos que había enunciado anteriormente para el 2020: Junto a estos objetivos se presenta una serie de medidas estratégicas que se refieren, entre otras cosas, a la energía renovable y al comercio de derechos de emisión.