La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha puesto en marcha el proceso de revisión del marco retributivo de las actividades reguladas del sector gasista para el sexenio 20272032. El trabajo de los próximos meses permitirá definir un modelo que ha de preparar al sector para afrontar los múltiples desafíos que presentan la transición y la seguridad energéticas del país.

El gas natural constituye un vector de suma importancia en el mix energético nacional. Representa más del 20% del consumo primario de energía, mientras que la demanda nacional supera los 330TWh anuales, alrededor de 1,3 veces la eléctrica.

El sistema gasista cuenta con una infraestructura que garantiza el suministro a cerca de 8 millones de hogares e industrias: una moderna y eficiente red de transporte (más de 13.000 km) y distribución (82.000 km); una capacidad de almacenamiento superior a los 30 TWh, y siete plantas de gas natural licuado (GNL), que no solo dotan a España de una de las mayores capacidades de regasificación de Europa (más del 25% del total de la UE), sino que también permiten a los comercializadores una elevada diversificación de fuentes de origen y, gracias a ella, una seguridad y un suministro más competitivos que el de otros países de nuestro entorno.

La potencia flexible de las centrales de ciclo combinado

Además, las infraestructuras gasistas ofrecen un respaldo imprescindible al sector eléctrico a través de los ciclos combinados. El sistema está preparado para dar respuesta a las necesidades de una potencia instalada de 26 GW. Su flexibilidad resulta esencial para asegurar un suministro eléctrico firme y adaptable para atender la intermitencia y variabilidad propia de la generación renovable, las puntas de demanda, o eventos extremos, como olas de calor o frío, cuando la demanda eléctrica se dispara y requiere un respaldo inmediato.

Estas centrales demostraron su resiliencia durante el apagón del 28 de abril de 2025. Fueron imprescindibles para la recuperación total del suministro eléctrico, aportando hasta el 49% a la matriz de generación en la recuperación del sistema en muchos tramos horarios.

El sistema gasista es imprescindible para cubrir las necesidades de estas instalaciones esenciales y para la competitividad industrial presente y futura, por el gran potencial de descarbonización de la mano de los gases renovables.

De acuerdo con las propias previsiones de Red Eléctrica, las puntas de potencia alcanzarán los 49 GW en 2030, haciendo todavía más necesarios los ciclos. Aspecto también recogido en la versión actual del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que contempla el mantenimiento operativo de la potencia instalada.

En otras palabras, estarán llamados a responder a rampas de potencia progresivamente más acentuadas y frecuentes para asegurar la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico en un modelo con una creciente penetración de tecnologías renovables.

Inversiones de 3.500 millones en la última década

El sector gasista ha realizado inversiones cercanas a los 3.500 millones de euros en sus infraestructuras en los últimos diez años. El resultado es un sistema mallado y resiliente, uno de los más eficientes y modernos de Europa, capaz de responder eficazmente a situaciones de crisis, como la provocada por la invasión rusa de Ucrania, o a episodios climáticos extremos, como la Filomena o las últimas DANAS. El sector continúa adaptándose y fortaleciendo su operación para garantizar su disponibilidad todos los días del año.

La confianza de los agentes y operadores del mercado en el funcionamiento del sistema gasista español queda reflejada en los últimos datos disponibles de contratación de slots de carga y descarga en el horizonte 2039. A quince años vista, y evidenciando una planificación a largo plazo del uso del gas natural en España, ya se encuentran asignados el 100% de los slots subastados.

El sistema gasista español ha consolidado además en los últimos años su papel de hub estratégico en la seguridad energética de Europa. España ha contribuido enviando gas natural, tanto a través de las interconexiones como con recargas de buques de GNL (bunkering), que han tenido como destino otros países europeos.

En definitiva, las infraestructuras gasistas españolas son una referencia de modernidad, robustez y eficiencia en Europa.

La oportunidad de los gases renovables

Con el objetivo de aumentar la autonomía energética y avanzar en la descarbonización de la demanda final, tanto las instituciones europeas como España se han fijado objetivos y directrices relativas a la promoción de los gases renovables como el biometano, el hidrógeno renovable y otros gases bajos en carbono. Las propiedades del biometano, en particular, lo rinden especialmente valioso para todos los agentes del sector: su absoluta compatibilidad con las infraestructuras existentes hace posible la descarbonización de cualquier consumo de gas natural sin necesidad de renovar o adaptar ni las instalaciones ni los equipos actualmente en operación.

España posee una gran ventaja competitiva y es reconocida como uno de los primeros países europeos por su potencial para la producción e inyección en la red gasista de biometano. Su integración en el sistema constituye la solución económicamente más eficiente y técnicamente más viable para la descarbonización de sus diferentes usos finales, desde los domésticos a los industriales, en especial, aquellos que requieren medias y altas temperaturas en sus procesos productivos.

En el marco de avance de la descarbonización, la adaptación y el uso eficiente de las actuales infraestructuras gasistas, así como el desarrollo de nuevas instalaciones desempeñará un papel en el clave en el progreso de la producción de gases renovables.

La adaptación de las redes actuales para facilitar un despliegue eficiente de los gases renovables requerirá en algunos casos de ciertas inversiones adicionales como, por ejemplo, las asociadas a facilitar el flujo reverso del gas desde las redes de distribución a las de transporte. Por este motivo, el futuro régimen retributivo aplicable condicionará la toma de futuras decisiones de inversión. Productores y titulares de las infraestructuras gasistas necesitarán un marco financiero estable y predecible que minimice el riesgo y facilite el acceso a la financiación al menor coste posible, lo que, en último término, reducirá el coste del gas renovable soportado por los consumidores y será determinante en la competitividad de las industrias consumidoras.

Digitalización y ciberseguridad

El sector gasista español se enfrenta a una transformación estructural para adaptarse a los retos de la transición energética. La digitalización no será un complemento, sino un habilitador clave que facilitará la integración de los gases renovables, mejorará la eficiencia operativa de la red gasista y garantizará la trazabilidad de las moléculas verdes vehiculadas.

Esta evolución exigirá, durante los próximos años, cuantiosas inversiones estratégicas para acometer la implementación de tecnologías de última generación, como sensores y dispositivos loT. Asimismo, se hará necesaria la actualización de las redes de comunicación para garantizar una transmisión de datos eficiente y continua en tiempo real siendo necesario reforzar la ciberseguridad en infraestructuras críticas esenciales, entre las que se encuentran las gasistas.

Por otro lado, el futuro despliegue de los contadores inteligentes supondrá un paso decisivo hacia la modernización del sistema gasista al mejorar la eficiencia energética y la integración de los gases renovables. Además, permitirán reforzar la seguridad al permitir el corte remoto del suministro en caso de emergencia y ofrecerán a los consumidores herramientas para una gestión óptima de su consumo energético.

Desequilibrio entre costes reales y retribución reconocida

Son, pues, numerosos los retos que se perfilan en el futuro inmediato. El sector gasista confía en que el nuevo marco retributivo para las actividades reguladas, cuya revisión ha puesto ya en marcha la CNMC, permita afrontarlos con éxito y despejar la inquietud provocada por los resultados del modelo vigente en estos últimos seis años.

El segundo período regulatorio (2PR), del 2021 al 2026, ha coincidido con uno de los ciclos macroeconómicos más volátiles en décadas. El IPC acumulado desde 2021 supera el 21% y el índice de precios industrial ha crecido más de un 40%. A lo que hay que sumar un incremento del coste de la deuda corporativa de unos 300 puntos básicos.

En este difícil contexto, la retribución reconocida para las actividades reguladas —plantas de GNL, transporte y distribución de gas natural— ha experimentado una caída acumulada cercana a los 2.500 millones de euros, lo que supone una merma superior al 16% con respecto al ciclo regulatorio anterior. España es hoy uno de los países europeos con menor rentabilidad relativa de las infraestructuras gasistas.

En este contexto, la revisión del marco retributivo de las actividades reguladas para el tercer periodo (3PR), el comprendido entre 2027 y 2032, ofrece una oportunidad para equilibrar el desajuste registrado entre costes reales y retribución reconocida.

Incentivos para la transición y la seguridad de suministro

El sector gasista subraya la necesidad de acometer una actualización del marco retributivo vigente que proporcione a los gestores de los activos regulados los incentivos suficientes para abordar los retos del próximo sexenio. En definitiva, una arquitectura retributiva que garantice la sostenibilidad económica y una rentabilidad razonable a largo plazo que permita una gestión eficiente y la implantación de las mejores prácticas posibles de operación y mantenimiento.

Del mismo modo, entiende la seguridad de suministro como una prioridad, en coherencia con la normativa de seguridad nacional y la protección de infraestructuras críticas y la operación de las infraestructuras de transporte y distribución.

Un reto de futuro

Según Joan Batalla, presidente de Sedigas, se hace necesaria la adopción de medidas que «aseguren la sostenibilidad económico-financiera del sector, preparándolo para afrontar los retos actuales, y más a largo plazo los que la transición energética plantea».

El desfase retributivo acumulado constituye, según Batalla, una seria advertencia porque «Un sistema que ve erosionada su base económica tiene menos margen para afrontar las inversiones imprescindibles y operar dentro de los máximos estándares de calidad y seguridad. La evolución tecnológica y el reto de la descarbonización deben afrontarse con la vista puesta en el largo plazo y procurando la imprescindible confianza de los inversores. De no corregirse los desajustes retributivos del modelo actual para ofrecer una rentabilidad justa y razonable, corremos el riesgo de comprometer la capacidad de respuesta del sistema en los próximos años. Y serán años fundamentales en la transición energética, determinantes para consolidar la seguridad e incrementar la autonomía energética de España en la Europa del futuro».