El gas natural cubre alrededor de una cuarta parte de la demanda energética de la Unión Europea. Esa dependencia estructural convirtió la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, en un punto de inflexión irreversible: obligó a los Veintisiete a admitir una vulnerabilidad que llevaba años latente y a reconfigurar, contrarreloj, su arquitectura energética. Desde entonces, la seguridad de suministro no es una premisa más de la política comunitaria: es la que las condiciona a todas.

Desde el momento en que la diversificación de los orígenes del abastecimiento pasó a considerarse un imperativo de las políticas energéticas, la posición de España se reveló como la de un líder estratégico indiscutible. El nuestro es el país con más terminales, capacidad de regasificación y de almacenamiento de GNL de Europa. Nuestras infraestructuras constituyen un activo estratégico fundamental. Gracias a la operatividad de estas instalaciones, el sistema dispone de la flexibilidad necesaria para respuesta a las fluctuaciones de la demanda y asegurar la continuidad del abastecimiento en todo momento. Ese liderazgo, sin embargo, no está garantizado de forma permanente: depende también de que el marco regulatorio europeo lo acompañe, y no todas las decisiones van en esa dirección.

La transformación de los mercados ratifica las infraestructuras gasistas como piezas fundamentales para la salvaguarda de la seguridad de suministro. Según los últimos datos de la International Gas Union (IGU), el comercio mundial de gas natural licuado (GNL) alcanzó en 2025 la cifra récord de 437 millones de toneladas, un incremento del 6,3% con respecto al año anterior. Este crecimiento comercial, el mayor registrado desde 2022, revela que, en un contexto definido por la acusada inestabilidad en Oriente Medio, el sector está demostrando una flexibilidad y resiliencia inéditas en crisis energéticas anteriores y reafirmándose como una pieza fundamental de la seguridad energética global, el desarrollo económico y la reducción de emisiones.

La función de España como nodo energético tiene otro de sus pilares en la red de transporte, que cuenta con 13.361 km de gasoductos y seis puntos de conexión internacional, que permiten la integración del sistema nacional con los mercados vecinos del norte de África, Francia y Portugal. Por su parte, la red de distribución gestiona un consumo nacional de gas de unos 326 TWh anuales (el 25% del consumo total de energía primaria en España) frente a los 256 TWh de electricidad. Con más de 96.000 km desplegados y alrededor de 8 millones de puntos de suministro, abastece directamente a 20 millones de personas.

Cabe recordar el papel reservado por el sistema gasista español a los almacenamientos subterráneos: Serrablo, Gaviota, Yela y Marismas. Según el informe Securing Future Supply: Quantifying Gas Storage Needs for a Resilient and Integrated European Energy System, recientemente publicado por Gas Infrastructure Europe (GIE), este tipo de infraestructuras continuarán siendo una fuente clave de flexibilidad a gran escala capaz de sostener el sistema durante olas de frío prolongadas o caídas drásticas de la producción renovable. Las instituciones europeas reconocen igualmente la protección que ofrecen ante futuras crisis climáticas o geopolíticas. El almacenamiento de gas, que cubre de manera estructural entre el 25 % y el 30 % del consumo invernal de la Unión Europea, constituye un escudo crítico. El camino iniciado en 2022 con el primer reglamento de almacenamiento —nacido para contrarrestar la crisis de precios y la invasión rusa de Ucrania— halla su lógica continuidad con la aprobación del Reglamento UE/2025/1733, el cual prolonga estas salvaguardas hasta finales de 2027.

El reto de blindar nuestra seguridad energética se encuentra estos días ante un nuevo desafío regulatorio relacionado con la reducción de las emisiones de metano. La aplicación estricta a partir de enero de 2027 del Reglamento de Emisiones de Metano (EUMR) podría tener un drástico impacto en la estabilidad del suministro energético del continente. De acuerdo con un informe elaborado por Wood Mackenzie, estaría en riesgo hasta el 43% de las importaciones de gas (aproximadamente 114 bcm) y el 87% del crudo (unos 9,8 millones de barriles por día), según los volúmenes registrados en 2024.

Compartiendo plenamente la urgencia de descarbonizar el sector, este tiene la obligación de advertir de los riesgos que el Reglamento comporta para la seguridad de suministro europea. Al imponer estándares estrictos de detección y reparación de fugas a los proveedores extracomunitarios sin un periodo de transición realista, nos arriesgamos a vetar administrativamente orígenes clave, estrangular la oferta y disparar de nuevo la volatilidad de los precios.

Evitar dogmatismos punitivos en la normativa de emisiones es, en definitiva, la única vía para que Europa transite hacia la sostenibilidad sin apagar las luces de sus ciudadanos ni frenar el motor de sus industrias. Esa es, ni más ni menos, nuestra misión: reforzar la resiliencia de nuestras infraestructuras, garantizar la seguridad energética y construir, con paso firme, el sistema descarbonizado que los gases renovables ya empiezan a dibujar.