El proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno introduce por primera vez en España una cuota mínima obligatoria de biometano para determinados consumos de gas. La senda comenzará en 2028 con un 0,5% y crecerá hasta alcanzar el 6% en 2035. Sedigas estima la iniciativa un avance positivo para generar demanda, favorecer nuevas inversiones y aprovechar el potencial de producción del país.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, eligió la 52ª Reunión Anual de Sedigas para anunciar la apertura del trámite de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto de impulso del biometano.  El elemento central del proyecto normativo es la introducción, por primera vez en España, de un sistema de cuotas mínimas crecientes de biometano. La obligación recaerá sobre los comercializadores de gas y los consumidores directos en mercado, que deberán acreditar un porcentaje de biometano sobre el volumen de gas natural y gas natural licuado suministrado o consumido, con las exclusiones previstas en la norma.

La senda comenzará en 2028 con una cuota del 0,5% y aumentará progresivamente hasta alcanzar el 6% en 2035. Este último porcentaje se mantendrá en los ejercicios posteriores mientras no se aprueben nuevos objetivos. Se considerará biometano acreditado aquel que disponga de las correspondientes garantías de origen de gases renovables.

Con esta medida, el Gobierno pretende proporcionar una señal de demanda a medio y largo plazo. La norma busca también favorecer el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo, especialmente en las zonas rurales, además de promover la valorización de residuos orgánicos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Equipos de flujo inverso

Además de establecer las cuotas, el proyecto modifica el Real Decreto 1434/2002, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro de gas natural. El objetivo es favorecer la entrada de otros gases, entre ellos el biometano, en el sistema gasista, minimizando el coste global de las inversiones y de la operación.

Una de las principales novedades afecta a los equipos de flujo inverso, dispositivos que permiten impulsar gas desde una red de menor presión hacia otra de mayor presión y facilitan la inyección de biometano en el sistema gasista.

La titularidad de estos equipos corresponderá al transportista o distribuidor de la red de mayor presión a la que se conecten, que asumirá su operación y mantenimiento. El Gestor Técnico del Sistema elaborará anualmente un análisis de las necesidades de flujo inverso para optimizar la integración de gases renovables, minimizar el coste agregado de las inversiones y maximizar el volumen inyectado.

La Dirección General de Política Energética y Minas aprobará cada año la relación de equipos que podrán ser retribuidos por el sistema gasista. Su inclusión no otorgará prioridades de acceso o conexión.

El proyecto también clarifica el régimen jurídico de las líneas directas que conectan las plantas de producción con las redes de transporte o distribución. El productor podrá construir la canalización por sus propios medios o solicitar su ejecución al titular de la red, pero deberá financiarla y cederla gratuitamente al transportista o distribuidor en el momento de su puesta en servicio.

Una vez realizada la cesión, la línea quedará integrada en el sistema gasista y su operación y mantenimiento corresponderán al titular de la red. La infraestructura no recibirá retribución por inversión con cargo al sistema, puesto que habrá sido sufragada por el productor.

La canalización podrá ser utilizada posteriormente por otros productores, consumidores o redes de distribución cuando resulte una alternativa más eficiente. En ese supuesto, los nuevos usuarios deberán compensar a los promotores iniciales mediante el abono del coste actualizado de la inversión, calculado de forma proporcional a la longitud compartida y al caudal asignado.

Un primer paso

Sedigas ha valorado positivamente el proyecto de Real Decreto. Su presidente, Joan Batalla, considera que la propuesta, largamente esperada por el sector, constituye «un avance en la dirección adecuada» para impulsar el desarrollo del biometano en España y dotar al sector de un marco regulatorio con mayor previsibilidad.

La propuesta normativa reconoce, tal y como ha destacado Batalla, las oportunidades que ofrece este gas renovable para reforzar la autonomía energética, avanzar en la descarbonización, promover un modelo de economía circular mediante la valorización de los residuos y generar empleo, especialmente en las zonas rurales. El presidente de Sedigas considera que la cuota mínima anual creciente puede convertirse en «un elemento tractor» del despliegue del biometano.

Aun destacando que la fijación de un objetivo vinculante de incorporación de este gas renovable envía una señal diáfana sobre la evolución futura de la demanda y reduce la incertidumbre que ha lastrado muchas de las decisiones de inversión durante la última década, Sedigas advierte que el sistema de cuotas no es, por sí misma, una palanca suficiente.

Retos pendientes

Si la aspiración es que 2026 y 2027 sean los años en los que el biometano español deje de cuantificarse por su potencial y empiece a medirse en TWh producido, será imprescindible que el nuevo marco normativo garantice sin ambigüedad varios aspectos:

• Plazos administrativos máximos y vinculantes para las autorizaciones ambientales y de conexión, reforzados, si es preciso, con el reconocimiento de las plantas de biometano. Sin nuevos instrumentos de aceleración dela tramitación administrativa, será difícil pasar del 0,15 % de producción actual al 0,50 % que exige la primera cuota en un plazo inferior a dos años.
• Pleno reconocimiento de los mecanismos de acreditación de sostenibilidad previstos en la legislación europea.
• Ampliación hasta 2040 de la senda de cuotas, con el fin de dar a la inversión el horizonte de certidumbre que necesita.
• La definición de un sistema de cuotas que no penalice a la industria gasintensiva española frente a sus competidores europeos.
• Garantías de acceso al mercado de cuotas de biometano para toda planta que ya cumpla con los requisitos estipulados por el marco técnico y medioambiental. El «sello de excelencia» que impulsa el futuro Real Decreto debe ser un motor para agilizar la concesión de permisos, nunca una barrera de entrada ni una obligación añadida.
• Consenso territorial, aceptación social y corresponsabilidad local serán igualmente imprescindibles para asegurar el éxito a largo plazo de los nuevos proyectos de biometano.

Con una tecnología ya madura y los recursos disponibles en el territorio, la urgencia ahora es, para Sedigas, construir un entorno normativo estable, previsible y eficaz que proporcione seguridad jurídica a los operadores. En definitiva, ha llegado el momento de que la legislación esté a la altura del desafío y abra, con determinación, las puertas al futuro del sector.