La Comisión Europea ha aprobado el nuevo esquema de mecanismos de capacidad para España, un plan estratégico dotado de unos 9.000 millones de euros para los próximos diez años que blindará la seguridad del suministro eléctrico nacional. Esta inyección financiera garantizará la estabilidad de la red y evitará apagones estructurales durante la transición hacia un modelo energético limpio.

Por Jorge Murcia

Reforzar la seguridad de suministro y asegurar que el sistema eléctrico disponga de recursos suficientes cuando más se necesitan. Este es el principal objetivo del mecanismo de capacidad aprobado recientemente por la Comisión Europea para España, y con el que se pretenden blindar el sistema para evitar situaciones como la que originó el apagón que afectó a la península ibérica el 28 de abril de 2025.  Este instrumento -fundamental para cubrir la intermitencia de las energías renovables, con un protagonismo creciente en el mix eléctrico español- busca garantizar la disponibilidad de la potencia necesaria para producir, almacenar y satisfacer la demanda prevista en todo momento.

Se trata de un mecanismo regulado que remunera la disponibilidad de determinados recursos del sistema eléctrico tales centrales de generación (en especial los ciclos combinados), instalaciones de almacenamiento o grandes consumidores, que habrán de concurrir a las subastas convocadas.

En virtud de este mecanismo, el gestor de la red de transporte (en este caso Red Eléctrica), remunerará toda la capacidad necesaria para cumplir el estándar de fiabilidad. Es decir, las horas máximas aceptables de carga perdida (demanda eléctrica que el sistema no puede entregar) al año que la red tiene que cumplir para garantizar la seguridad de suministro. Ese estándar de fiabilidad se ha establecido sobre la base de la evaluación nacional de la adecuación de los recursos de España, y ha sido aprobado por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).

El mecanismo de capacidad estará abierto a todos los proyectos, existentes o nuevos, que ofrezcan estar disponibles durante períodos de escasez. Estos proyectos abarcan la generación de electricidad, la respuesta de la demanda (partes que reducen su consumo en respuesta a la reducción del suministro) y el almacenamiento (sujeto a criterios de admisibilidad medioambiental). Los beneficiarios se seleccionarán mediante procedimientos de licitación transparentes y no discriminatorios. El presupuesto de la medida se estima en unos 900 millones de euros al año, lo que supone un total aproximado de 9 000 millones de euros durante el período de diez años, en función de los resultados de cada subasta de capacidad.

España, indica la Comisión Europea, «se esforzará por permitir la participación de todos los demás Estados miembros interconectados lo antes posible». En ese sentido, habrá de habilitarse la participación transfronteriza de los operadores de Francia y Portugal, Estados miembros eléctricamente interconectados, una vez acepten las condiciones recogidas en el acuerdo técnico con Red Eléctrica.

El mecanismo apoyará el fomento de servicios de flexibilidad, como el almacenamiento y la respuesta de la demanda, cuando sea necesario para alcanzar el objetivo nacional de flexibilidad de conformidad con el Derecho de la UE y la metodología de la ACER.

Cumpliendo la normativa europea

La aprobación de esta medida por parte de la Comisión Europea se ciñe a las normas sobre ayudas estatales de la UE, y, en particular, al artículo 107, apartado 3, letra C del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas bajo ciertas condiciones. También respeta las directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía de 2022.

A la hora de aprobar el mecanismo, la Comisión Europea ha constatado que es «necesario y adecuado» para alcanzar el objetivo perseguido, en consonancia con el Reglamento de la UE sobre la electricidad, que establece normas para garantizar el funcionamiento del mercado interior eléctrico y define un marco para evaluar periódicamente el nivel previsto de seguridad de suministro en la Unión Europea.

En este sentido, siempre que se detecte un riesgo, los Estados miembros deben revisar el funcionamiento del mercado de la electricidad y estudiar la posibilidad de eliminar las distorsiones que puedan causar el riesgo.

En caso de que este enfoque sea insuficiente para solventar el riesgo detectado, los países podrán introducir un mecanismo de capacidad, sujeto a requisitos de diseño para facilitar medidas eficientes en términos de costes, más limpias y proporcionadas para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.

Además de necesario y adecuado, el mecanismo es, según la Comisión, «proporcionado», ya que su cuantía corresponde a las necesidades de financiación reales. Y se concederá a proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación «transparente y no discriminatorio», con salvaguardas para garantizar «una competencia efectiva».

Los beneficiarios competirán en función del importe de la ayuda solicitada por megavatio (MW) de capacidad disponible durante una situación de escasez. De esta forma, el mecanismo tendrá “efectos limitados en la competencia y el comercio” entre los Estados miembros.

La Comisión también ha señalado que la medida se ajusta a la mayoría de las mejores prácticas para los mecanismos de capacidad recogidas en el Marco de Ayudas Estatales para una Industria Limpia (CISAF).

Los mecanismos de capacidad tienen como objetivo garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Y su diseño debe impedir que se den efectos indeseados, como una subida de los precios de la electricidad para los consumidores.

En cuanto a la financiación, la propuesta regulatoria del MITECO preveía que la financiación correspondiera a la comercialización de electricidad y a los consumidores directos en mercado, mediante precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y periodos horarios, de modo que lo sufragaran en mayor medida los consumos producidos en las horas con más estrés del sistema.

La implementación de esta herramienta debe impedir además que se generen ventajas indebidas a determinados operadores energéticos o que se obstaculicen los flujos de electricidad a través de las fronteras de la UE.

Una herramienta reclamada por Sedigas

El mecanismo de capacidad para el sistema eléctrico español es una herramienta que el sector gasista viene reclamando desde 2020 y que, a juicio de Sedigas, resulta imprescindible para garantizar la seguridad de suministro en un contexto de creciente penetración de tecnologías renovables en la matriz eléctrica nacional.

La Asociación ha celebrado el hito que constituye para el sistema energético español la aprobación del mecanismo, por cuanto representa un reconocimiento de «la necesidad de contar con recursos de generación firmes, flexibles y gestionables capaces de respaldar la creciente integración de tecnologías renovables y garantizar el equilibrio permanente entre oferta y demanda eléctrica».

El mecanismo de capacidad contribuirá, tal y como ha destacado la Asociación Española del Gas, «a preservar la competitividad de la economía española, facilitando un entorno energético más seguro, estable y predecible para los consumidores y para la industria». A su juicio, la transición energética solo podrá llevarse a cabo con éxito «si avanza de manera equilibrada sobre tres pilares inseparables: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad«.

La implementación de esta herramienta «contribuirá a fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico y a preservar el suministro energético de España», en un contexto marcado por el aumento de la generación renovable y las recientes señales de alerta, identificadas por los organismos europeos, sobre la necesidad de adecuar la capacidad disponible.

En opinión de Joan Batalla, presidente de Sedigas, el mecanismo de capacidad es un instrumento «imprescindible para asegurar que la transición energética avance manteniendo los máximos niveles de seguridad, fiabilidad y competitividad. La aprobación de la Comisión Europea supone una excelente noticia para el conjunto del sistema energético español y para todos los consumidores».

La decisión de Bruselas implica, a juicio de Sedigas, reconocer que la transición energética necesita «no solo nuevas inversiones en generación renovable, sino también mecanismos adecuados que permitan mantener disponibles aquellos recursos capaces de garantizar el suministro». La viabilidad de las centrales de respaldo como los ciclos combinados quedaba comprometida, con el consiguiente riesgo para la estabilidad del sistema, «sin una señal económica clara».

Tal y como se ha demostrado en experiencias recientes, disponer de potencia firme, flexible y gestionable «constituye -añade Sedigas- un elemento esencial para preservar la estabilidad operativa del sistema eléctrico». A este respecto, las centrales de ciclo combinado continúan desempeñando «una función estratégica como respaldo de las energías renovables eléctricas y como garantía última de suministro para todos los consumidores domésticos, industriales y servicios esenciales».

Sedigas valora positivamente el trabajo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y por la Comisión Europea a la hora de diseñar y validar un mecanismo compatible con la normativa comunitaria y orientado a reforzar la seguridad de suministro y la resiliencia del sistema eléctrico y «situar a nuestro país en línea con otros mercados europeos que ya cuentan con mecanismos de esta naturaleza».

La asociación considera prioritario tramitar «con la máxima celeridad» los desarrollos regulatorios y operativos pendientes, en especial, la definición del calendario de celebración de la subasta, los coeficientes de firmeza y el resto de parámetros técnicos. Sedigas ha reiterado su completa disposición a colaborar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la implantación de esta herramienta «estratégica para el futuro energético del país».