La European Biogas Association (EBA) publica un análisis de las ayudas públicas, incentivos fiscales, tarifas, cuotas y barreras administrativas que han condicionado el desarrollo de los gases renovables en 26 países europeos.

Los sistemas de apoyo público resultan determinantes para la financiación y viabilidad de los proyectos de biogás y biometano en Europa. Así lo recoge el informe Support Schemes for Biogas and Biomethane, elaborado por la European Biogas Association (EBA), que examina las medidas de apoyo aplicadas durante la última década, las actualmente disponibles y las previstas en distintos países europeos.

El documento analiza la evolución del marco de incentivos y ayudas establecido en 26 países, entre ellos 22 estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza, Ucrania y Reino Unido.

Los esquemas de apoyo en los distintos países no son homogéneos y su impacto depende del contexto nacional, del grado de madurez de cada mercado y de su combinación con otros factores regulatorios. En este sentido, EBA señala que una sola política no ha demostrado ser suficiente para escalar una industria renovable, y que las medidas de apoyo deben acompañarse de actuaciones sobre otras barreras que pueden limitar el desarrollo del sector.

Entre esos factores, el documento identifica los derechos y costes de inyección a red, la fiscalidad aplicada al gas natural y a los biocombustibles, la duración y complejidad de los permisos, los plazos de aprobación de ayudas de Estado, la regulación nacional del digestato, el funcionamiento de los registros de garantías de origen, el precio del carbono en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión, la aceptación social y la competencia con otras tecnologías o combustibles que también reciben apoyo público.

Reglas de control

El acceso a financiación pública, subvenciones o exenciones fiscales puede constituir un elemento importante en la financiación de proyectos del sector. Sin embargo, estas medidas pueden afectar a la competencia y al comercio dentro del mercado interior europeo, por lo que están sometidas a reglas específicas de control de ayudas de Estado.

El informe recuerda que una medida pública puede considerarse ayuda de Estado cuando cumple cuatro criterios: intervención mediante recursos públicos, ventaja selectiva para determinadas empresas o actividades, distorsión o amenaza de distorsión de la competencia, y posible efecto sobre el comercio entre Estados miembros. Al mismo tiempo, la normativa europea permite determinados apoyos cuando contribuyen a objetivos de interés general, como el desarrollo regional, la innovación, la protección ambiental, la acción climática o el despliegue de energías renovables.

Para el sector del biogás y el biometano, estos instrumentos pueden amparar apoyos a la producción, inversiones en plantas, cogeneración con biogás, infraestructuras de repostaje, redes inteligentes de gas, conexiones a red o medidas de reducción fiscal.

Tipología de ayudas

El informe clasifica los apoyos al biogás y al biometano en varias categorías. En primer lugar, distingue las ayudas directas a la producción, entre las que se encuentran las tarifas reguladas y las primas. Las feed-in tariffs garantizan un precio fijo por unidad de energía durante un periodo determinado, mientras que las feed-in premiums funcionan como un complemento variable sobre el precio de mercado. En algunos casos, estos instrumentos pueden organizarse mediante sistemas abiertos para todas las instalaciones elegibles o a través de subastas competitivas.

Dentro de las primas, EBA destaca también los contratos por diferencia. Estos mecanismos cubren la diferencia entre el precio de mercado y un precio de referencia, pero obligan al beneficiario a la devolución de la diferencia cuando los precios de mercado superan el precio de referencia. En el caso del biometano, este se vincula al gas natural. Según el informe, estos instrumentos pueden reducir el riesgo de inversión y mejorar la bancabilidad de los proyectos, al tiempo que permiten contener el gasto público cuando los precios de mercado son elevados.

La segunda categoría es la ayuda directa a la inversión. El informe identifica tres fórmulas principales: subvenciones de capital, créditos fiscales a la inversión y participación pública minoritaria en el capital. Las subvenciones de capital han sido las más utilizadas hasta ahora. Reducen la inversión inicial necesaria, aunque su impacto depende de que vayan acompañadas de otras medidas que generen visibilidad de mercado.

EBA también analiza los apoyos indirectos a la producción. En esta categoría se incluyen incentivos para que los proveedores de materia prima dirijan residuos orgánicos, estiércoles o subproductos hacia la digestión anaerobia, así como medidas destinadas a valorizar coproductos como el digestato o el CO₂ biogénico. El informe vincula estos instrumentos con los beneficios asociados a la gestión de residuos, la producción de fertilizantes orgánicos, la reducción de emisiones y la economía circular.

Del apoyo a la oferta al impulso de la demanda

Por lo que respecta a la demanda, los gobiernos pueden estimular el consumo de biogases mediante incentivos fiscales, cuotas u obligaciones y políticas de contratación pública. Las medidas fiscales pueden reducir impuestos especiales, IVA, tasas ambientales o impuestos sobre el carbono para mejorar la competitividad del biometano frente a combustibles convencionales. Las cuotas y obligaciones crean mercados de cumplimiento en los que determinados consumidores o suministradores deben incorporar energías renovables o reducir la intensidad de emisiones de sus combustibles.

Modelos predominantes

El análisis comparado se centra especialmente en los seis principales países productores de biometano: Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Reino Unido y Países Bajos. Estos mercados concentraron aproximadamente el 91 % de la producción analizada en los últimos años y permiten observar el peso real de las distintas políticas.

En 2024, el 82,3 % de la producción de biometano en estos seis países estuvo respaldada por tarifas o primas. Otro 12,1 % se apoyó en mandatos o cuotas, mientras que el 5,7 % restante correspondió a producción sin ayudas. EBA señala que las ayudas directas a la producción han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sector, aunque su peso ha ido disminuyendo desde 2020, cuando representaban el 92 % de la producción.

En los últimos cinco años, el informe identifica 84 programas de apoyo introducidos en los 26 países analizados. De ellos, 33 se dirigen al biometano, 24 al biogás y 23 pueden aplicarse a ambos. Solo tres abordan el CO₂ biogénico y uno el digestato. Esta distribución muestra, según EBA, una tendencia hacia esquemas basados en biometano, reflejo de su creciente madurez tecnológica y de la orientación de varios gobiernos hacia la conversión de instalaciones existentes o nuevas inversiones.

Permisos, CO₂ biogénico y digestato

El informe dedica también atención a los permisos. Los plazos medios para obtener autorizaciones de proyectos de biometano varían, según los datos recopilados, entre nueve meses y cuatro años, con diferencias significativas entre países y casos extremos más largos. Estas se deben a diversos factores, tales como la evaluación subjetiva de solicitudes, la falta de claridad en los procedimientos, la documentación excesiva, los recursos limitados de las autoridades, la falta de experiencia técnica, el apoyo social o la posibilidad de recursos administrativos o judiciales.

EBA incluye además una revisión de los apoyos al CO₂ biogénico y al digestato, dos coproductos vinculados al desarrollo del biogás y el biometano. En el primer caso, señala que los mercados se encuentran todavía en una fase inicial y afrontan barreras regulatorias, logísticas y económicas. A pesar del potencial identificado, las medidas de apoyo son escasas y se concentran en pocos países. En cuanto al digestato, el informe recuerda que se trata de un fertilizante orgánico rico en nutrientes, aunque los productos derivados siguen encontrando barreras regulatorias y de mercado.

La conclusión del informe es inequívoca: los sistemas de apoyo explican en buena medida las diferencias del desarrollo alcanzado por los distintos mercados europeos. Las tarifas y primas han contribuido al crecimiento inicial en varios países; las cuotas y obligaciones están ganando peso como instrumentos de demanda; y los incentivos fiscales pueden mejorar la competitividad del biometano frente a combustibles convencionales en determinados usos.

Inyecciones puntuales ante retos crónicos: el modelo español

El informe de la European Biogas Association sitúa a España entre los mercados europeos con mayor potencial de desarrollo del biometano, pero señala que los instrumentos de apoyo aplicados hasta ahora no han sido suficientes para impulsar su despliegue de forma efectiva. En el caso del biogás, el Gobierno español ha puesto en marcha distintas medidas, entre ellas subvenciones de capital, incentivos financieros para estudios de prefactibilidad y reducciones fiscales para el biogás utilizado en producción eléctrica y motores estacionarios.

Sin embargo, EBA indica que su impacto sobre el desarrollo del sector ha sido limitado debido a la falta de competitividad de los esquemas. Como consecuencia, muchas inversiones han dependido en gran medida de los precios de la electricidad para garantizar su viabilidad.

Entre las principales medidas figura la línea de ayudas aprobada el 21 de julio de 2022 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El programa contó con un presupuesto de 75,81 millones de euros y contemplaba una ayuda máxima de 15 millones por proyecto. Un año después, 79 proyectos habían recibido 75,84 millones de euros para producción de biogás, calor, electricidad y tratamiento de digestato. Las actuaciones incluían tanto la ampliación de plantas existentes como la construcción de nuevas instalaciones, con una capacidad instalada añadida aproximada de 188,3 MW prevista para diciembre de 2025.

Cogeneración

El informe también recoge el esquema estatal de ayudas a la cogeneración de alta eficiencia, aprobado por la Comisión Europea el 28 de enero de 2026. Este programa cuenta con un presupuesto aproximado de 3.100 millones de euros y una duración prevista de diez años. La ayuda se estructura mediante una prima de remuneración con dos componentes: compensación a la inversión, determinada a través de subastas competitivas, y compensación a la operación, actualizada trimestralmente en función de variables de mercado como los precios eléctricos, los costes de combustible o el precio del CO₂.

Aunque el esquema está formalmente abierto al biogás, EBA señala que no está diseñado de forma específica para impulsar el biogás o el biometano. Al tratarse de un esquema tecnológicamente neutro, la ausencia de cuotas específicas y el diseño competitivo podrían favorecer a instalaciones de cogeneración con gas natural. Por ello, el impacto esperado sobre los gases renovables se considera limitado e indirecto.

Junto a estas ayudas, España mantiene un incentivo financiero para estudios de prefactibilidad de proyectos de biogás, con un presupuesto de 1,4 millones de euros y periodo de aplicación entre 2023 y 2026. El informe estima que su impacto sobre el sector será limitado.

Más inversión que incentivos

EBA señala que en los dos últimos años se han introducido distintas medidas de apoyo al biometano, principalmente subvenciones de capital de ámbito regional y nacional. Aun así, el informe considera que estas líneas no han sido suficientes para activar de forma efectiva el potencial español. Los promotores continúan desarrollando proyectos respaldados principalmente por los precios de mercado del biometano, sin beneficiarse de ayudas directas a la producción ni de mandatos específicos plenamente definidos, lo que mantiene al sector expuesto a la incertidumbre de mercado.