La incertidumbre geopolítica, la meteorología y la volatilidad de los precios han marcado el devenir de los mercados energéticos en este primer trimestre de 2025. En este contexto, la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más sostenible y competitivo sigue ocupando un lugar central en la agenda política, económica y social en toda Europa.

En Sedigas estamos comprometidos con los objetivos globales de descarbonización, convencidos además del papel estratégico que puede desempeñar el sector gasista para avanzar hacia una transición energética eficiente, equilibrada y realista.

Esto no significa que renunciemos a una visión crítica sobre aquellos aspectos de la transición en los que entendemos que existen aspectos claros de mejora. Entendemos que el escenario actual exige un enfoque pragmático que garantice la competitividad industrial, la seguridad del suministro y la autonomía estratégica. Y todo ello requiere una planificación rigurosa basada en criterios de eficiencia, estabilidad, previsibilidad y justicia social.

En un entorno global cada vez más retador y exigente, Europa necesita una política energética clara, ambiciosa y cohesionada, pero también flexible para garantizar la sostenibilidad, la seguridad de suministro y la competitividad. Sin ir más lejos, un asunto de interés sectorial en estos momentos es la demanda de una flexibilización de las exigencias europeas sobre el almacenamiento de gas para el próximo invierno, garantizando la seguridad de suministro, pero atendiendo a la realidad y necesidades de cada Estado miembro.

Por otro lado, iniciativas recientes como el Clean Industrial Deal pueden resultar una oportunidad para acompañar a la industria en su proceso de descarbonización sin comprometer su viabilidad económica. Del mismo modo, propuestas como el Affordable Energy Action Plan subrayan una prioridad que compartimos: garantizar el acceso universal a una energía asequible como herramienta clave para favorecer los equilibrios económicos y sociales.

No obstante, el éxito de estas políticas dependerá de su implementación efectiva, con objetivos claros, adaptados a las realidades nacionales y el ritmo de adopción tecnológica de los sectores implicados.

Como decimos, una vez sentadas las bases es el momento de concretar. Y es aquí donde creemos imprescindible reivindicar el papel de los gases renovables —como el biometano y el hidrógeno verde—, como soluciones tecnológicas seguras, escalables y compatibles con las infraestructuras existentes. Hablamos de vectores energéticos que permiten avanzar en la descarbonización de forma realista y eficiente.

Optimizar estas infraestructuras para la distribución de estos nuevos vectores será clave. Para ello, resulta necesario establecer estándares técnicos comunes que faciliten la conexión ágil de las plantas de biometano a la red. Asimismo, avanzar en la digitalización del sistema será esencial. En este sentido, el despliegue de contadores inteligentes de gas representa una oportunidad tecnológica y económica, además de un paso imprescindible para mejorar la eficiencia energética de los hogares.

Por otro lado, la reciente consulta pública sobre la propuesta de Orden Ministerial para la creación de un mercado de capacidad es otro ejemplo de la necesidad de avanzar en la concreción regulatoria. Uno de los aspectos más críticos es determinar qué papel desempeñarán los ciclos combinados. A pesar del avance sostenido de las energías renovables, su carácter intermitente sigue representando un reto estructural, ya que la generación eólica y solar depende de la variabilidad de las condiciones climatológicas que pueden comprometer el suministro energético en momentos clave.

Así pues, en ausencia de alternativas firmes, flexibles, y que actúen como respaldo, la estabilidad del sistema eléctrico podría verse comprometida. Esta situación es aún más crítica si se tiene en cuenta el ambicioso proceso de electrificación de la economía y el desarrollo de nuevas infraestructuras intensivas en consumo energético, como los centros de datos, todo ello en paralelo con el cierre planificado y progresivo de centrales nucleares a partir de 2027.  Además, el desarrollo de las baterías de almacenamiento, aunque prometedor, sigue en una fase inicial y no representa por ahora una solución escalable capaz de garantizar la cobertura del suministro en el corto y medio plazo.

En este contexto, el papel de las tecnologías que aportan firmeza y flexibilidad al sistema será más relevante que nunca. Los ciclos combinados ocupan una posición estratégica no solo por su capacidad de respuesta rápida ante picos de demanda, sino también por su potencial para operar incorporando progresivamente los gases renovables como el biometano o el hidrógeno verde, alineándose así con los objetivos climáticos a largo plazo.

Por todo ello, desde Sedigas insistimos en la importancia estratégica del biometano y el hidrógeno verde, y por eso reclamamos un marco regulatorio que reconozca su papel clave, aportando estabilidad, claridad e incentivos adecuados para atraer inversión y fomentar la innovación.

No obstante, ningún avance será posible sin el respaldo ciudadano. La transición energética requiere aceptación social. La Licencia Social para Operar (LSO) se ha convertido en un elemento decisivo para la viabilidad de los proyectos. Más allá del cumplimiento normativo, es necesario generar confianza en las comunidades locales mediante transparencia, diálogo temprano y participación activa.

En este sentido, valoramos positivamente la aparición de marcos institucionales y académicos que ayudan a comprender mejor el valor de la LSO. Sin embargo, el compromiso debe ser compartido. Las administraciones públicas deben asumir un papel activo en la comunicación de los beneficios ambientales, económicos y sociales de las soluciones sostenibles, acompañando al sector en su tarea de sensibilización.

Desde Sedigas seguiremos renovando nuestro compromiso con una transición energética justa, eficiente y compartida. Seguiremos trabajando junto a administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía para hacer realidad una visión energética común: una España más sostenible, competitiva y segura.