El debate público sobre la transición energética suele girar en torno a la expansión de las renovables eléctricas, la electrificación del transporte o la innovación tecnológica. Sin embargo, existe un aspecto igualmente decisivo que a menudo queda relegado a un segundo plano: las infraestructuras que garantizan que la energía llegue siempre de forma segura, estable y flexible a todos los consumidores, hogares y empresas. Sin ellas, todo el proceso de transformación de nuestro modelo energético corre el riesgo de convertirse en un ejercicio frágil, incapaz de resistir las necesidades de la demanda o de responder a situaciones de emergencia.

La experiencia reciente así lo ha evidenciado. El apagón del pasado 28 de abril, que afectó a buena parte de la península ibérica, puso a prueba la solidez del sistema eléctrico. En aquel momento crítico los ciclos combinados, alimentados con gas, fueron esenciales para devolver el equilibrio al sistema con una rapidez que ninguna otra tecnología podía garantizar. Este episodio nos recuerda que la seguridad de suministro no es un lujo, sino la piedra angular sobre la que se sostiene la credibilidad de toda la transición energética.

El sistema gasista español se consolida como un pilar estratégico no solo del modelo actual, sino también del futuro. Su valor trasciende la estabilidad del suministro gracias a una red moderna, resiliente e interconectada. Constituye, además, la columna vertebral que respalda los ciclos combinados, la tecnología que aporta potencia firme cuando el sol se oculta o el viento amaina. Esta función estratégica está hoy amenazada si no se garantiza la viabilidad económica de las infraestructuras y las actividades que la sostienen, en particular de los ciclos combinados, que esperan una retribución futura por su participación en los mercados de capacidad, donde aportan la flexibilidad que requiere el sistema eléctrico.

Es en este contexto que cobra singular relevancia la revisión del marco retributivo para el periodo 2027-2032, actualmente en manos de la CNMC. Se trata de un hito de enorme trascendencia para el futuro del sector. El regulador debe diseñar un esquema que reconozca el valor estratégico del sistema gasista, con unas condiciones justas, predecibles y adaptadas a un contexto extraordinario, marcado por la inflación, el aumento de los costes operativos y una demanda coyunturalmente a la baja. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar que las inversiones se recuperen, de que la red siga siendo operativamente eficiente y de que existan incentivos suficientes para su protección y adaptación a las nuevas exigencias tecnológicas y ambientales.

La demanda de gas natural en España en 2025 superará a la de 2024, con más de 320 TWh, consolidándose como vector fundamental para la cobertura de las necesidades energéticas de todos los sectores de consumo. Su flexibilidad y su capacidad almacenamiento y respaldo a las renovables lo convierte en pieza imprescindible del mix energético, especialmente en un contexto de transición marcado por el cierre nuclear, la integración de renovables y la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.

España avanza con retraso en la integración de los gases renovables. Mientras Francia o Alemania cuentan con centenares de plantas de biogás, en nuestro país apenas funcionan unas pocas decenas. El objetivo de 20 TWh de biogás para 2030 que recoge el PNIEC 2023-2030 resulta muy modesto frente al potencial real, estimado en más de 160 TWh y que despierta un extraordinario interés en los inversores.

La situación En España ofrece un llamativo contraste con el impulso regulatorio que llega desde Bruselas. El REPowerEU, la Directiva de Energías Renovables (RED III) o el paquete de descarbonización de los mercados del hidrógeno y el gas reconocen de forma explícita el papel del biometano y del hidrógeno renovable como vectores clave de descarbonización y seguridad energética. Europa fija metas y mecanismos orientativos para crear un mercado común para estos gases en toda la Unión. En ese escenario, España tiene capacidad para ser un actor central, incluso con una producción superior a su propia demanda interna. Pero para ello necesita ambición política y regulatoria: transponer las directivas europeas, simplificar trámites, agilizar autorizaciones y ofrecer señales claras de rentabilidad razonable a los inversores.

El sistema gasista español ha acreditado su valor en las situaciones más exigentes: durante la pandemia, en plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania o frente a episodios climáticos cada vez más extremos, como la DANA o los incendios de este verano. No es un recurso provisional, sino un activo estructural para la transición energética. Apostar por su modernización, garantizar una retribución adecuada y facilitar la integración de los nuevos gases renovables no es un trato de privilegio al sector, sino una inversión estratégica en la seguridad de suministro, la competitividad industrial y la soberanía energética de nuestro país.

La transición energética será sostenible o no será. Pero también debe ser segura, o no será. Y esa seguridad no se consigue únicamente solo con más megavatios renovables, sino con infraestructuras robustas, tecnologías de respaldo fiables y marcos regulatorios estables que protejan lo que ya funciona de manera segura y eficiente.