La seguridad de suministro energético se ha consolidado como una prioridad estratégica de primer orden en Europa. En este contexto, el sistema gasista español ha demostrado ser un activo crítico para garantizar el funcionamiento estable de la economía y el bienestar de los ciudadanos.

En menos de cinco años, el mundo ha afrontado dos graves crisis energéticas: la provocada por la invasión rusa de Ucrania y el actual conflicto en Oriente Medio; ambas, imprevistas y con efectos globales. Hoy, como en 2022, en situaciones de máxima exigencia operativa, el sistema gasista español sigue demostrando su capacidad de respuesta. 

Conviene recordarlo, precisamente porque si algo han puesto de manifiesto las tensiones que atraviesan el actual tablero geopolítico es la vulnerabilidad inherente de los sistemas energéticos y la necesidad de contar con infraestructuras sólidas y fiables.

Este desempeño no es fruto de la casualidad ni responde a factores coyunturales, sino a un modelo sostenido de planificación e inversión a largo plazo. Esa visión ha permitido configurar una red mallada y robusta, una de las más avanzadas de Europa, con una capacidad probada de respuesta tanto ante crisis internacionales como frente a episodios climáticos extremos. Así se ha evidenciado en situaciones recientes como los incendios del pasado verano, la borrasca Filomena o la DANA que afectó con especial intensidad a la Comunidad Valenciana y otras zonas del sureste español.

Los esfuerzos por preservar la disponibilidad permanente de estos activos estratégicos y su adaptación a un entorno energético en profunda transformación no se han detenido. El sector gasista es plenamente consciente de su responsabilidad: el sistema no solo juega un papel esencial en el presente, sino que sus infraestructuras están llamadas facilitar la integración progresiva de los gases renovables, vectores energéticos indispensables para la descarbonización de nuestra economía. Su despliegue permitirá reducir emisiones, reforzar la tan ansiada autonomía estratégica y ofrecer soluciones competitivas a los sectores industriales y a los consumidores domésticos.

En este contexto de elevada exigencia operativa y profunda transformación del sistema energético, la revisión del marco retributivo de las actividades reguladas para el periodo 2027-2032 resulta determinante. De su diseño dependerá la capacidad del sistema gasista para seguir garantizando la seguridad de suministro y, al mismo tiempo, adaptarse a los nuevos retos tecnológicos, económicos y medioambientales.

A finales de marzo la CNMC hizo pública su propuesta de Circulares, que el sector aguardaba con expectación. Los documentos avanzan hacia un enfoque que reconoce a las infraestructuras gasistas como activos estratégicos del sistema energético, esenciales para garantizar la seguridad de suministro, la competitividad de la economía y el avance ordenado hacia la descarbonización a través del fomento de la integración de gases renovables como el biometano o el hidrógeno renovable.

Sedigas no puede más que compartir esa perspectiva, así como la decisión de la CNMC de preservar la arquitectura básica del modelo retributivo, por cuanto aporta estabilidad y previsibilidad regulatoria. El sector considera, asimismo, especialmente valiosa la introducción de señales económicas orientadas a la digitalización, ciberseguridad y modernización del sistema, retos que necesariamente habrán de ser abordadas en los próximos años.

Ahora bien, consideramos necesario introducir importantes ajustes con el fin de garantizar un marco suficiente y equilibrado para el conjunto de las actividades reguladas. El sector entiende que existe margen suficiente para ello sin generar impactos significativos en los peajes finales ni para los consumidores domésticos ni para el tejido productivo termo-intensivo.

Como hemos venido defendiendo en los últimos meses, el nuevo marco retributivo debiera asegurar la viabilidad económico-financiera de todas actividades reguladas; atender a las particularidades de cada modelo retributivo, ofreciendo un tratamiento equilibrado y consistente en términos de reconocimiento de costes y asignación de riesgos; adecuar el diseño de incentivos a la inversión eficiente, y ofrecer estabilidad y certidumbre regulatoria para afrontar con éxito el proceso de transición energética. 

En Sedigas reafirmamos nuestra voluntad de mantener un diálogo técnico e institucional activo y riguroso con la CNMC. Estamos convencidos de que una colaboración constructiva y basada en el análisis técnico es la vía adecuada para definir un marco regulatorio que no solo garantice la sostenibilidad económica del sistema, sino que permita a España seguir contando con una infraestructura energética robusta, resiliente y alineada con los objetivos de política energética y climática.

El sistema gasista ha demostrado sobradamente su valor en los momentos más críticos. Asegurar su fortaleza y su capacidad de adaptación no es únicamente una cuestión sectorial, sino una prioridad estratégica nacional.