El sector gasista despide 2025 habiendo demostrado, una vez más, ser un pilar esencial del sistema energético nacional. La flexibilidad y robustez operativa de sus infraestructuras, junto con el papel de respaldo del parque de ciclos combinados, resultaron determinantes ante una situación inédita como la vivida el pasado 28 de abril. La fecha quedará asociada en nuestra memoria a la de una seria admonición: la seguridad energética no puede darse por supuesta. Se construye y preserva día a día mediante planificación, gestión rigurosa y un esfuerzo inversor sostenido en el tiempo.

En este contexto, la exigencia de preservar activos estratégicos para la seguridad nacional, como lo son las infraestructuras gasistas, se hace todavía más acuciante en un momento de cambio de paradigma, de transición hacia un nuevo modelo energético orientado a dar respuesta a los desafíos de la descarbonización. Por ello, recibiremos 2026 con la convicción de vivir un momento determinante para el futuro energético de España: la revisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del marco retributivo de las actividades reguladas del sector gasista para el periodo 2027-2032.

Llegamos aquí tras uno de los entornos macroeconómicos más volátiles de las últimas décadas, caracterizado por un incremento excepcional de los costes operativos, de la inflación y de los tipos de interés. El modelo retributivo vigente no estaba diseñado para absorber perturbaciones de esta magnitud. Las cifras así lo confirman. Nuestras estimaciones indican que en los últimos seis años se ha registrado una caída acumulada cercana a los 2.500 millones de euros en la retribución reconocida para las actividades reguladas —transporte, plantas de GNL y distribución—, más de un 16% respecto al ciclo regulatorio anterior. Como resultado, España es hoy uno de los países europeos con menor rentabilidad relativa de sus infraestructuras gasistas.

Corregir este desajuste estructural entre costes reales y retribución reconocida es hoy una prioridad. Un marco retributivo sólido, estable y predecible no constituye una demanda sectorial, sino una condición imprescindible para garantizar la seguridad energética, facilitar la integración de los gases renovables, sostener la competitividad industrial y asegurar un suministro asequible a hogares y pymes. Restablecer una rentabilidad justa y razonable para quienes operan y mantienen las infraestructuras es esencial para incentivar la inversión, la innovación y una gestión eficiente y de calidad.

La próxima década será decisiva para la transición energética y exigirá niveles crecientes de inversión e innovación. Las infraestructuras gasistas seguirán desempeñando un papel clave, evolucionando desde el transporte exclusivo de gas natural hacia la integración progresiva del biometano y del hidrógeno renovable. Ello requerirá la modernización de redes, nuevos sistemas de medición y control, la adaptación de equipos y una apuesta decidida por la digitalización, fundamental para optimizar el ciclo de vida de los activos, reforzar la planificación energética y garantizar la ciberseguridad.

España no puede permitirse comprometer la fiabilidad de sus infraestructuras ni desincentivar las inversiones precisamente en el momento en que más se les exige: seguridad energética, flexibilidad para integrar los gases renovables y apoyo a la descarbonización de nuestra industria, pymes y del consumo térmico residencial.

La definición del nuevo marco retributivo constituye, por tanto, una decisión de alcance estructural. En manos del regulador está garantizar que el futuro modelo sea coherente con los objetivos que el país se ha marcado en materia de competitividad, seguridad energética y sostenibilidad. Solo desde una visión de largo plazo, que reconozca el valor estratégico de las infraestructuras y la necesidad de una rentabilidad justa y razonable, será posible movilizar los recursos imprescindibles para acompañar la transición energética sin poner en riesgo la fiabilidad del sistema.

En este empeño, el conjunto del sector gasista reitera su plena disposición a colaborar de forma leal, transparente y constructiva con la CNMC, aportando conocimiento técnico, experiencia operativa y vocación de servicio público para avanzar de forma coordinada en la consecución de estos objetivos en beneficio del conjunto de la sociedad.