Comunicación

Sedigas se ha adherido a una declaración conjunta de 69 empresas y asociaciones energéticas solicitando a los ministros de Energía de los 27 Estados miembros de la UE la modificación urgente del Reglamento de reducción de emisiones de metano. Los cosignatarios consideran que la normativa, en su actual forma, vendría a socavar la seguridad del suministro energético y la competitividad de la Unión precisamente en un momento de contracción de la oferta global a consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

Los firmantes estiman que hasta el 43% de las importaciones de gas natural y alrededor del 90% de las de crudo de la UE podrían incumplir los requisitos establecidos para enero de 2027 por el Reglamento. Asismismo consideran que las obligaciones impuestas a los productores y operadores de infraestructuras europeos «podrían acelerar aún más el declive de la producción de la Unión, debilitar su autonomía estratégica y encarecer la transición energética». La industria advierte que las sanciones previstas por incumplimiento de la normativa, que pueden alcanzar el 20% de la facturación anual de las compañías, están disuadiendo a los importadores de firmar nuevos contratos de suministro.

Conforme a la petición formulada recientemente por varios Estados miembros de la UE, los firmantes de la declaración urgen la aplicación de un mecanismo de suspensión temporal o «stop-the-clock» del Reglamento, con el objeto de permitir la adopción de un enfoque más «realista y proporcionado», así como de los ajustes normativos necesarios para habilitar vías de implementación pragmáticas y operativas que ofrezcan «la seguridad jurídica necesaria para garantizar que las importaciones no sufran un impacto negativo, ya sea en términos de volumen o de precio».

Los signatarios reafirman su compromiso con la reducción de las emisiones de metano, que, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente y la base de datos EDGAR, el sector ha reducido un 77% entre los años 1970 y 2024. Asimismo manifiestan su completa disposición a colaborar estrechamente con las instituciones europeas para garantizar que la aplicación efectiva de las normas que promuevan la reducción continua de las emisiones de metano no comporte riesgos para el suministro energético, la asequibilidad y la competitividad europea.