La expansión del biogás y el biometano requiere algo más que capacidad de producción: necesita mercados capaces de absorber la producción de estos gases renovables, infraestructuras que faciliten su integración y marcos regulatorios que permitan aprovechar todo su potencial energético y ambiental. Así lo defiende la Declaración del Biogás, presentada en la COP31 de Antalya, que insta a redoblar los esfuerzos internacionales para ampliar la producción y el uso sostenibles del biogás, el biometano y sus subproductos. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), la Asociación Europea del Biogás (EBA) y la Asociación Española del Gas (Sedigas) han participado en la sesión celebrada en el Pabellón de Turquía ubicado en la Zona Azul de la Conferencia en la que el viceministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía, Nevzat Şatıroğlu, presentó y firmó el documento.
Según ha señalado la secretaria general de Sedigas: «La Declaración del Biogás reconoce el valor de una solución disponible que conecta la acción climática con la seguridad energética y el desarrollo rural. Para España, es una oportunidad especialmente relevante: contamos con recursos orgánicos y una infraestructura gasista que nos permiten avanzar en la producción y el consumo de energía renovable de origen local»,.
«El reto -añade Ortiz de Mendíbil- es convertir ese potencial en proyectos que aporten beneficios al territorio. Necesitamos facilitar la inversión y agilizar los trámites, con todas las garantías ambientales y un diálogo cercano con las comunidades locales. Animamos al Gobierno de España a respaldar esta Declaración y a acompañar ese compromiso con medidas que permitan acelerar el desarrollo sostenible del biometano».
España reúne condiciones favorables para contribuir a los objetivos de la Declaración. El Estudio de la capacidad de producción de biometano en España, publicado por Sedigas en 2023, estima un potencial técnico de 163 TWh anuales, equivalente a cerca de la mitad de la demanda actual de gas natural. Para Sedigas, materializar este potencial exige un marco estable que facilite la inversión, una tramitación administrativa más ágil y una mayor coordinación entre las administraciones.