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La transición energética se juega también en el terreno de la regulación. Ese fue el punto de partida —y de llegada— de la jornada celebrada en la sede de CEOE bajo el título Infraestructuras gasistas, seguridad de suministro y competitividad industrial, que reunió a los principales actores del sistema gasista y del tejido productivo para abordar una cuestión estratégica: cómo avanzar en descarbonización sin debilitar la base industrial ni comprometer la sostenibilidad económica de unas infraestructuras críticas para el país.

La sesión fue inaugurada por José Alberto González-Ruiz Martínez, secretario general de CEOE, y Joan Batalla, presidente de Sedigas. Ambos situaron el debate en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica, volatilidad energética y creciente presión regulatoria. El mensaje compartido fue claro: no puede haber política industrial sólida sin seguridad de suministro, y esta depende, necesariamente, de infraestructuras resilientes, eficientes y financieramente sostenibles.

Durante la apertura se recordó que los recientes episodios de precios energéticos extraordinariamente elevados condicionaron decisiones empresariales clave —invertir, mantener actividad o deslocalizar—, situando la energía en el centro de la agenda económica. En ese escenario, las infraestructuras energéticas han dejado de ser un elemento invisible para convertirse en un activo estratégico.

Un sistema probado en momentos críticos
El sistema gasista español, con cerca de 100.000 kilómetros de redes de transporte y distribución, siete plantas de regasificación, tres almacenamientos subterráneos e interconexiones internacionales, ha demostrado su capacidad de respuesta en los momentos más exigentes. España ha podido diversificar suministros, garantizar el abastecimiento interno y contribuir a la seguridad energética europea.

Los datos expuestos durante la jornada refuerzan ese diagnóstico: el gas representa el 20% de la energía primaria en España y el 42% del consumo energético industrial; la demanda alcanzó en 2025 los 331 TWh, superando previsiones, y casi ocho millones de puntos de suministro —más de 20 millones de personas— dependen de esta red. Además, los ciclos combinados aportaron el 17% de la electricidad generada el pasado año, actuando como respaldo esencial para la creciente penetración renovable.

Como se subrayó, esta resiliencia no es coyuntural. Es el resultado de décadas de planificación e inversión, y evidencia que sin infraestructuras sólidas cualquier estrategia de transición energética corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo.

Análisis regulatorio: diagnóstico y propuestas
El segundo bloque de la jornada estuvo centrado en el análisis técnico del periodo regulatorio 2021–2026, presentado por Oscar Barrero, socio de Energía de PwC, junto a Joan Batalla. La conclusión fue contundente: la retribución de las actividades reguladas ha caído un 13,5% respecto al periodo anterior, en un contexto de inflación elevada, incremento de costes operativos y encarecimiento de la financiación.

Este “doble efecto” —ingresos a la baja y costes al alza— tensiona la rentabilidad y la capacidad de adaptación del sistema. Al mismo tiempo, se destacó que los peajes en España han evolucionado de forma más contenida que en otros países europeos, reforzando la competitividad industrial. La cuestión de fondo, por tanto, es cómo preservar esa ventaja sin erosionar la calidad, disponibilidad y modernización de infraestructuras críticas.

Con la vista puesta en el periodo 2027–2032, se defendió la necesidad de un marco regulatorio estable, predecible y con señales claras de inversión. No como una reivindicación sectorial, sino como una condición estructural para garantizar seguridad de suministro, competitividad e integración de los gases renovables, vectores claves para la descarbonización del sector industrial.

Seguridad, mercado e industria: una visión plural
La mesa redonda, moderada por Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general de Sedigas, incorporó la visión complementaria de los operadores de las infraestructuras, del mercado organizado de gas y de la industria nacional.

Natalia Latorre, directora general de Transición Energética de Enagás, puso el acento en la resiliencia estructural del sistema y en la necesidad de mantener capacidad financiera suficiente para afrontar nuevas exigencias operativas y tecnológicas.

Raúl Suárez, CEO de Nedgia, subrayó la relevancia de la red de distribución —la “última milla”— que conecta a millones de hogares y empresas y que debe responder a demandas altamente estacionales y picos extremos.

Raúl Yunta, presidente de MIBGAS, destacó la relación directa entre infraestructuras robustas y mercados líquidos y competitivos, señalando que la eficiencia regulatoria es condición para una correcta formación de precios.

Por su parte, Teresa Rasero, presidenta de FEIQUE, trasladó la perspectiva industrial con un mensaje nítido: la descarbonización es irrenunciable, pero si no se ejecuta con competitividad puede derivar en pérdida de capacidad productiva y empleo. Para sectores como el químico, el gas no es solo energía, sino materia prima esencial.

En el debate también se abordaron los retos asociados al despliegue de biometano e hidrógeno renovable, desde la planificación de conexiones hasta la necesidad de diseñar esquemas regulatorios que no penalicen la viabilidad económica de los proyectos ni generen cuellos de botella.

El marco retributivo para 2027–2032: una decisión estratégica de país
La clausura, a cargo de Cristina Riestra, directora del departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE, reforzó la idea que atravesó toda la jornada: el diseño del próximo marco regulatorio no es un ejercicio técnico aislado, sino una decisión estratégica de país.

El nuevo periodo 2027–2032 deberá conciliar peajes competitivos para consumidores y empresas con una rentabilidad razonable que permita sostener y modernizar infraestructuras críticas. Reconocer adecuadamente los costes reales de operación y mantenimiento, incorporar inversiones vinculadas a la integración de gases renovables y mitigar riesgos asociados a la evolución de la demanda serán elementos clave.

La conclusión compartida fue clara: las infraestructuras gasistas son redes de confianza y estabilidad sobre las que descansa la actividad económica. Su preservación y adaptación, bajo un marco regulatorio equilibrado y predecible, será determinante para que la transición energética sea, además de climáticamente ambiciosa, industrialmente sostenible.