La aplicación estricta a partir de enero de 2027 de la Regulación de Emisiones de Metano de la UE (EUMR) afectaría drásticamente a la estabilidad del suministro energético del continente. Un informe de Wood Mackenzie para Concawe e IOGP Europe indica que la normativa pondría en riesgo hasta el 43% de las importaciones de gas (aproximadamente 114 bcm) y el 87% del crudo (unos 9,8 millones de barriles por día), según los volúmenes registrados en 2024.
El estudio destaca que, a día de hoy, ningún país exportador ofrece una equivalencia plena con el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) exigido por la Unión Europea. Asimismo señala que solo el 7% de la producción global alcanza el nivel 5 del OGMP 2.0, el estándar de medición directa que requiere la normativa europea. Aunque las proyecciones indican que esta cobertura crecerá hasta el 26% en 2027 y el 28% en 2030, el informe advierte que estos volúmenes seguirán resultando insuficientes para cubrir las necesidades energéticas de la Unión. Esta brecha de implementación implica que grandes cantidades de petróleo y gas disponibles globalmente serían consideradas no conformes desde el punto de vista regulatorio en apenas un año.
En el sector petrolero, el impacto se traduciría en una reducción de la actividad industrial. Se estima que el rendimiento de las refinerías europeas podría caer un 50% (aproximadamente 4,6 mb/d) entre 2027 y 2030 debido a la falta de crudo que cumpla con los requisitos de reporte. Esta pérdida de capacidad operativa equivale al cierre de 40 refinerías en suelo europeo, lo que transformaría a la región de un exportador neto de gasolina a un importador neto, incrementando la factura de importación de combustible en más de 17.000 millones de dólares anuales.
Las repercusiones económicas estimadas incluyen un aumento del 24% en el precio de la gasolina y del 16% en el diésel, lo que comportaría un riesgo de desindustrialización derivado del aumento de los costes operativos.
Para evitar una disrupción en el suministro y en la capacidad de refino, el estudio plantea la necesidad de introducir un mecanismo de "parada de reloj" (Stop-the-Clock). Esta herramienta permitiría realizar ajustes específicos en la legislación primaria, incluyendo los criterios de equivalencia MRV, para que el cumplimiento sea factible a escala global y refleje las realidades de la trazabilidad en los mercados energéticos. El objetivo sería proporcionar tiempo a los actores implicados para desarrollar soluciones operativas de verificación y garantizar una aplicación pragmática de la regulación.