En menos de 48 horas los ministros de Energía de la Unión Europea encaran una nueva cita extraordinaria donde tratarán de alcanzar un acuerdo político relativo al Reglamento del Consejo sobre el establecimiento de normas temporales sobre compras conjuntas y agregación de la demanda, una plataforma de transparencia para el gas natural licuado (GNL) y para el almacenamiento de gas, un mecanismo de gestión de la volatilidad de los precios y medidas de solidaridad transfronteriza.
De todos, uno de los mayores escollos con los que arranca esta reunión reside precisamente en la posibilidad de encontrar el consenso sobre un mecanismo a nivel europeo que permita topar los precios del mercado del gas en caso de que vuelvan a dispararse como ya ocurrió en agosto cuando se alcanzaron récords históricos de casi 350 euros el megavatio hora.
En su esquema inicial, la Comisión Europea plantea establecer un tope temporal a la cotización del contrato de futuros del TTF, mercado organizado de referencia a nivel europeo, del mes siguiente (‘month-ahead’), el indicador de referencia europeo para el gas y el GNL, que se activaría únicamente en el caso de que se alcancen unos niveles máximos previamente fijados que, hoy en día, aún están por determinar.
Según el borrador de trabajo conocido, el mecanismo, cuya duración se extendería como mínimo durante un año, podría además suspenderse en caso de que se detecten graves perturbaciones en el mercado que pudieran afectar a la seguridad de suministro, así como a los propios flujos de gas intracomunitarios. Esto es, algo que, al menos en teoría, podría ayudar a controlar y revertir, en caso necesario, esos posibles efectos negativos. De acuerdo con este documento, quedarían excluidas las operaciones ‘over the counter’ (OTC), al reconocer la incapacidad para poder monitorizarlas de manera efectiva.
Si el ‘price cap’ solo se limita a las operaciones realizadas en el mercado mayorista organizado (‘exchange’) es improbable que la medida tenga los efectos perseguidos por la Comisión Europea. La mayor parte de la negociación quedaría excluida de su alcance y control. En España, el volumen de los intercambios totales negociados por los operadores del mercado sobre la demanda en 2021 fue del 80%, lo que abre no pocos interrogantes sobre la potencial capacidad de influencia de un mecanismo de esa naturaleza. Queda esperar, en definitiva, a ver en qué dirección avanza -si lo hace- esta propuesta y cómo se materializa para garantizar la estabilidad de un ya más que convulso mercado energético.
Aunque de sonada relevancia en los últimos días, este no es el único asunto clave que se pondrá sobre la mesa este jueves. Durante la jornada también se trabajará para avanzar en la propuesta de creación de una plataforma de compras conjuntas de gas de cara al invierno de 2023 que permita reforzar la capacidad de negociación, coordinación y solidaridad entre los países miembros, y favorecer una posible reducción en los precios de las importaciones. En este punto sí encuentran los Veintisiete un mayor acuerdo, y todo parece indicar que se seguirá avanzando en su desarrollo de cara a garantizar la seguridad de suministro, no ya de este invierno, sino del próximo, el que más preocupa a Bruselas (como también advierte la AIE sobre el riesgo de que Europa no pueda abastecerse en el invierno 2023-24).
En este contexto, es imperativo que España – junto a Portugal- continue poniendo de relevancia la necesidad de impulsar las interconexiones energéticas. Debemos seguir defendiendo el papel estratégico de la sólida red gasista española, una de las más potentes de Europa que, reforzada en el futuro con infraestructuras verdes como el BarMar, será protagonista a la hora de asegurar la seguridad de suministro y dar el empuje definitivo a la penetración de los gases renovables, con el biometano y el hidrógeno verde como puntas de lanza en el avance hacia la descarbonización de nuestra economía y la reducción de nuestra dependencia energética del exterior. |
Naiara Ortiz de Mendíbil Romo Secretaria General de Sedigas
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