Compromiso, pero también flexibilidad

Las últimas semanas han estado marcadas por el debate sobre la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto-Ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Este incorpora algunas medidas e iniciativas en el ámbito energético con las que coincidimos en su propósito, pero que consideramos decepcionantes en algún caso por su falta de ambición, así como limitantes y perjudiciales en su redacción actual para nuestro sector.  

En un contexto como el actual donde a nivel comunitario se aboga por la diversificación de las fuentes de origen y la seguridad de suministro de la mano de los gases renovables, las propuestas deben estar alineadas, no solo con el potencial de España, sino con los objetivos de la propia Comisión Europea, que ha reconocido el papel del gas para una eficiente transición energética con el impulso a su propuesta de incorporar hasta 35 bcm anuales de biometano para el 2030. Algunas de las medidas propuestas dificultarán incluso el desarrollo de proyectos, incrementarán su coste y generarán una inseguridad jurídica innecesaria.

Otra de nuestras principales preocupaciones gira en torno al incremento en las exigencias de almacenamiento planteado por la Comisión Europea. Una medida que cuenta con el firme compromiso del sector para su cumplimiento, pero que consideramos que debería dotarse de una mayor flexibilidad que permita modularla y adaptarla a la singularidad de nuestra infraestructura gasista. Y es que las directrices del real decreto ley con respecto a las nuevas obligaciones de adquisición e inmovilización de gas supondrán al menos 27,5 días de existencias, el estándar de la UE, sin considerar las exigencias propias de nuestro país asociadas al Plan de Actuación Invernal, cuyas condiciones concretas para el invierno 2022-2023 todavía se desconocen. 

Resulta bastante evidente que una medida así no es necesaria en España desde el punto de vista de la seguridad de suministro. Pero no solo eso. Supondría, además, un coste y un riesgo muy relevante, tanto para las empresas comercializadoras como para los consumidores. Nuestro país cuenta con una gran fortaleza que reside en la amplia diversificación de orígenes de nuestro aprovisionamiento de gas natural, así como en su moderna y flexible infraestructura de recepción de GNL. Esto nos coloca en una posición distinta en el tablero con respecto a Europa. Por tanto, urge promover una mayor flexibilidad para que estos requerimientos se ajusten mejor a la realidad de nuestras infraestructuras y de nuestro principal modelo de abastecimiento actual, el GNL. Solo así conseguiremos cumplir con los objetivos de seguridad de suministro de una forma eficiente en costes para los operadores y los consumidores.

Por otro lado, no podemos olvidar que el gas es uno de los escasos suministros básicos de los hogares españoles que mantiene todavía el tipo máximo de IVA (21%), frente a otros como la electricidad o el agua, que se sitúan en el 10%. A esto se suma que continúa soportando en su integridad el tipo vigente del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), algo que contrasta con la reducción que sí se ha aplicado en la factura eléctrica. 

Por ello seguiremos instando al Gobierno a que extienda las rebajas impositivas a los consumidores domésticos de gas, de forma que se pueda garantizar un tratamiento justo y equilibrado que proteja de forma temporal a todos los consumidores de unos precios de la energía tan impactados por la coyuntura geopolítica actual.

Naiara Ortiz de Mendíbil Romo
Secretaria General de Sedigas