Garantía de suministro y certidumbre regulatoria: los dos pilares para el éxito de la transición energética

Varios hitos regulatorios han marcado de manera relevante la agenda del sector gasista en septiembre: la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español y la publicación en el BOE de las circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que establecen los criterios económicos y las tasas de rentabilidad del marco retributivo de las actividades reguladas del sector gasista para el periodo 2027-2032. A ellos se suma el Real Decreto-ley 25/2026, publicado el 30 de septiembre, con medidas específicas, entre otras, sobre la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural.

La orden ministerial de creación de un mercado de capacidad constituye una noticia largamente esperada por el sector. Llega tras seis años de tramitación durante los cuales Sedigas ha insistido en reivindicar un mecanismo imprescindible para garantizar la seguridad de suministro en un sistema eléctrico que presenta una creciente penetración de la generación renovable. El modelo que se está configurando no puede prescindir del gas. Requiere la capacidad de respaldo y flexibilidad que ofrecen los ciclos combinados para atender los episodios de dunkelflaute, cuando la ausencia de viento y sol compromete la estabilidad eléctrica.

El mercado de capacidad supone el reconocimiento de que el sistema energético nacional necesita del respaldo que ofrece el gas. Lo necesita hoy y lo necesitará en los próximos años. Así lo indican las previsiones de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que estima que las centrales de gas cubrirán al menos el 30% de la potencia requerida durante las puntas de demanda en 2035, cuando, además, el sistema tendrá que afrontar los elevados requerimientos energéticos de nuevas infraestructuras como los centros de datos. La última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) mantiene una potencia instalada de ciclos combinados cercana a los 26 GW para el horizonte de 2030.

En la medida en que los ciclos combinados, tal y como indican estas previsiones, seguirán siendo imprescindibles para una transición energética ordenada y segura, resultaba difícil aplazar la decisión de dotar al sistema de un mecanismo para retribuir adecuadamente no solo la energía suministrada, sino también la disponibilidad de unas instalaciones que contribuyen de forma decisiva a la construcción de un sistema eléctrico competitivo y progresivamente descarbonizado que no puede renunciar a la resiliencia y la seguridad.

La creación de un mercado de capacidad permite situar a nuestro país en línea con otros mercados europeos que ya cuentan con mecanismos de esta naturaleza que retribuyen adecuadamente los recursos de generación firmes, flexibles y gestionables capaces de garantizar el equilibrio permanente entre oferta y demanda eléctrica. El sector reclama ahora al Ministerio celeridad en la definición de las condiciones que regularán las subastas y su implementación, con el objetivo de comenzar a proporcionar las señales económicas necesarias para garantizar la disponibilidad de capacidad firme de respaldo que el sistema necesita.

El segundo hito regulatorio del mes de septiembre ha sido la publicación de las circulares de la CNMC que establecen el marco retributivo del transporte, la regasificación y la distribución de gas natural, así como la tasa de retribución financiera para el periodo 2027-2032, con aplicación desde el 1 de octubre de 2026.

La propuesta metodológica de la CNMC mantiene los principios esenciales del marco regulatorio vigente e incorpora instrumentos específicos para permitir al sector afrontar algunos de los grandes desafíos que plantea la transición energética: la integración de los gases renovables, vectores imprescindibles para cumplir los objetivos de descarbonización, la digitalización de las redes y la implementación de medidas para blindar la ciberseguridad del sistema.

El nuevo marco retributivo también supone un reconocimiento de la función estratégica que desempeñan las infraestructuras del sistema gasista. Su resiliencia, demostrada de forma incontestable en las últimas crisis energéticas globales, hace de ellas, por una parte, un pilar imprescindible de la seguridad energética nacional y europea, por otra, el puente que hace practicable la vía hacia la descarbonización a través de los gases renovables.

Ahora bien, las circulares no recogen algunas de las medidas correctoras a los distintos componentes retributivos que el sector presentó al regulador en sus alegaciones. En particular, la ausencia de una actualización adecuada de la base retributiva, el desequilibrio acumulado del segundo periodo regulatorio no corregido, y el alcance limitado de determinados incentivos. Por este motivo Sedigas ha reiterado su disposición para dar continuidad al diálogo con la CNMC que permita evaluar los efectos del marco aprobado y abordar los ajustes que se revelasen necesarios para garantizar la suficiencia retributiva de las actividades reguladas.

La intervención sobre la TUR incorpora otra dimensión esencial de la certidumbre regulatoria: la protección de los consumidores y la preservación de la competencia. Desde Sedigas comprendemos la necesidad de adoptar medidas extraordinarias y temporales para proteger a los hogares, especialmente a los más vulnerables, frente al encarecimiento del gas derivado de las tensiones geopolíticas. Sin embargo, el mecanismo aprobado limita temporalmente la subida del coste de la materia prima incorporado a la tarifa regulada y aplaza su recuperación, junto con el coste financiero, a futuras revisiones. El alivio inmediato debe explicarse con transparencia para que los consumidores conozcan sus implicaciones sobre las facturas futuras.

Por otro lado, este diseño puede generar distorsiones en el mercado minorista al situar a las comercializadoras del mercado libre, que deben formular sus ofertas conforme a sus costes y condiciones de aprovisionamiento de mercado, en clara desventaja frente a una tarifa que difiere parte del encarecimiento. Por ello, reclamamos un esquema de protección que atienda a quienes lo necesitan con independencia de su comercializador, preserve la capacidad de elección y evite obstáculos desproporcionados al cambio de compañía. Proteger a los consumidores y mantener un mercado abierto y competitivo deben ser objetivos compatibles.

Hoy, en un momento de transición de nuestro modelo energético, se hace más necesario que nunca dotar al sector de estabilidad y certidumbre para permitirle afrontar los desafíos que se perfilan en el horizonte. En ese escenario, Sedigas mantiene su compromiso de diálogo y colaboración institucional para que las decisiones normativas y regulatorias refuercen la seguridad de suministro, la sostenibilidad de las actividades gasistas y la protección de los consumidores en un mercado abierto, eficiente y competitivo.

Naiara Ortiz de Mendíbil Romo
Secretaria General de Sedigas