El Reglamento europeo de metano: ambición necesaria, implementación que debe corregirse

El sector gasista español y europeo comparten el objetivo de reducir las emisiones de metano. No se trata de un compromiso de conveniencia: la industria lleva años invirtiendo en sistemas de monitorización, detección y reducción de emisiones a lo largo de toda la cadena de valor, y los avances acumulados son reales y medibles. Precisamente por eso, la preocupación que trasladamos desde nuestra asociacion no cuestiona la dirección de la política, sino la viabilidad de su arquitectura de implementación.

El Reglamento sobre Emisiones de Metano (UE) 1787/2024 establece obligaciones que entrarán en vigor en 2027. El problema es que lo harán sin que existan metodologías plenamente desarrolladas, sistemas de verificación reconocidos internacionalmente, actos de ejecución completos ni capacidad suficiente de certificación a escala global.

El problema no afecta solo a la cadena de importación. Los operadores de las redes de transporte y distribución de gas natural —igualmente sujetos al Reglamento— se enfrentan a un conjunto diferente pero igualmente urgente de incertidumbres: ausencia de formatos estándar y herramientas de reporte, falta de definición sobre las metodologías de cuantificación y reconciliación de emisiones aceptadas, plazos de reparación de fugas que resultan difíciles de cumplir en la operativa diaria de redes con miles de puntos de inspección, e incertidumbre sobre la validez regulatoria de los equipos y tecnologías ya instalados mientras no se adopten las normas técnicas definitivas. En muchos de estos ámbitos, los actos de ejecución que deberían proporcionar las respuestas imprescindibles están aún pendientes de aprobación.

La evidencia cuantitativa es difícil de ignorar: según el reciente estudio EU Methane Emissions Regulation Study de Wood Mackenzie, el 43% de las importaciones europeas de gas realizadas en 2025 no cumplirían los requisitos del Reglamento en 2027. Los importadores europeos tienen, en muchos casos, una capacidad limitada o inexistente para influir en las prácticas de medición y verificación en países terceros a lo largo de la cadena de producción. Obligar a cumplir requisitos cuya ejecución no depende del obligado no es regulación eficaz: es una fuente de litigiosidad y distorsión competitiva que, paradójicamente, penaliza a los operadores que más han invertido en reducir emisiones. El riesgo real no es teórico: el Reglamento puede desplazar capacidad industrial europea sin reducir ni una tonelada de metano a escala global.

Esta preocupación cobra mayor peso en el contexto geopolítico actual. Desde 2022, el sector gasista europeo ha realizado un esfuerzo extraordinario de diversificación —nuevos proveedores de GNL, nuevas terminales de regasificación, nuevas rutas logísticas— que ha permitido sustituir volúmenes significativos de gas ruso y evitar una crisis de mayores dimensiones. Ese activo estratégico no puede verse comprometido por un marco regulatorio que, por sus condiciones de aplicación, dificulte la firma de contratos de suministro a largo plazo o restrinja el acceso a determinados mercados de origen. La seguridad de suministro no es un objetivo secundario: es la condición sobre la que descansa todo lo demás.

Lo que el sector requiere —tanto los importadores como los operadores de la infraestructura gasista— no es relajar los objetivos ambientales, sino garantizar que las obligaciones entren en vigor con los instrumentos necesarios para cumplirlas. Un ajuste específico del calendario de implementación —no de la ambición del Reglamento, sino de los plazos para obligaciones cuyas condiciones de aplicación no están maduras— es la respuesta proporcionada a este problema. La credibilidad regulatoria no se mide por la exigencia formal de los textos normativos, sino por su capacidad de transformar efectivamente las prácticas del sector al que se dirigen.

El Consejo de Energía de la Unión Europea aborda este asunto esta misma semana. España tiene razones de peso para liderar una posición activa: nuestro sistema de aprovisionamiento gasista, construido sobre una diversificación amplia de orígenes y rutas, es uno de los activos estratégicos más valiosos del país y uno de los que mayor resiliencia ha aportado al sistema energético europeo. Desde Sedigas instamos al Gobierno a respaldar en el Consejo Europeo una resolución que reconozca la necesidad de ajustar las obligaciones sobre importadores previstas para 2027 e inste a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa que adapte esas exigencias a las condiciones reales del mercado global. Defenderlo no es defender intereses sectoriales particulares: es defender un modelo de seguridad energética que ha demostrado su eficacia.

La reducción de emisiones de metano y la seguridad de suministro no son objetivos en tensión irresoluble. Con una implementación técnicamente sólida, jurídicamente estable y operativamente aplicable, Europa puede avanzar en ambos frentes. Ese es el marco que el sector gasista español reclama.

La adaptación del Reglamento debe ser además una oportunidad para reforzar el liderazgo español en la gestión de las infraestructuras gasistas y en el mercado de GNL, consolidando nuestra posición como referente europeo en seguridad, flexibilidad, excelencia y sostenibilidad energética.

Naiara Ortiz de Mendíbil Romo
Secretaria General de Sedigas