Seguridad energética en un mundo incierto: el papel estratégico de la infraestructura gasista

Las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y su impacto sobre la volatilidad de los mercados energéticos globales han vuelto a situar la autonomía energética en el centro del debate estratégico en Europa. La seguridad de suministro ya no es únicamente una cuestión económica: es, ante todo, un elemento estructural de la seguridad nacional. Así lo viene a reconocer el Real Decreto-ley 7/2026 recientemente aprobado, que ofrece una respuesta al actual contexto de volatilidad energética derivado de la situación geopolítica internacional. En él se recogen un conjunto de actuaciones de carácter urgente, que tienen por objeto ofrecer protección a los consumidores y al sector industrial, acompañadas de medidas de calado estructural que refuerzan el papel del sistema gasista en la transición energética.

En efecto, España dispone de un sistema gasista que ha demostrado, con hechos, su capacidad de respuesta. Diseñado a lo largo de décadas con criterios de resiliencia y diversificación, el sistema cuenta con una arquitectura robusta que permite afrontar escenarios de estrés sin comprometer el suministro.

La diversificación de aprovisionamientos constituye una de sus principales fortalezas: España recibió gas de 16 orígenes distintos en 2025. Esta multiplicidad de orígenes, apoyada en siete plantas de regasificación, cuatro almacenamientos subterráneos y sólidas interconexiones internacionales, dota al sistema de una robustez y flexibilidad operativa diferencial en el contexto europeo. 

Los datos operativos refuerzan esta realidad. En 2025, el sistema gasista español gestionó una demanda de 331 TWh sin registrar interrupciones atribuibles a falta de disponibilidad, garantizando el suministro tanto a los hogares como al tejido industrial. Asimismo, entre 2022 y 2024, España reexportó más de 177 TWh al resto de Europa, desempeñando un papel decisivo en la estabilidad energética del continente en uno de los periodos más críticos de las últimas décadas. En 2025 las cifras relativas a las reexportaciones experimentaron un incremento del 17,3% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 40 TWh.

Todo esto no es un resultado coyuntural, sino la consecuencia de una planificación sostenida en el tiempo y de una gestión eficiente orientada prioritariamente a garantizar la seguridad de suministro.

Sin embargo, esta capacidad de respuesta convive con la realidad de un segundo periodo regulatorio (2021–2026) que ha supuesto una reducción acumulada de ingresos para los operadores de las infraestructuras gasistas superior a los 2.100 millones de euros, en un contexto caracterizado por la presión inflacionista y el encarecimiento de los costes de financiación. Esta combinación introduce tensiones estructurales que pueden comprometer la sostenibilidad económica de las actividades reguladas y de unas infraestructuras críticas.

Por este motivo, la inminente definición del marco retributivo para el periodo 2027–2032 por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constituye un punto de inflexión para el futuro del sistema gasista nacional.

El nuevo marco debe incorporar una señal económica adecuada que reconozca los costes reales de operación y mantenimiento, que garantice una rentabilidad justa y razonable que preserve la viabilidad del sistema a largo plazo y habilite las inversiones que requiere la digitalización de las infraestructuras y su adecuación para recibir la inyección de gases renovables. 

Asimismo, resulta imprescindible que el modelo facilite el despliegue y la integración de los gases renovables. El desarrollo del biometano y otras moléculas renovables permitirá reducir la dependencia energética exterior, reforzar la competitividad industrial y acelerar el proceso de descarbonización, aprovechando infraestructuras ya existentes.

La decisión sobre el próximo marco retributivo trasciende el ámbito regulatorio: es una elección estratégica de país. España ha demostrado que dispone de una infraestructura energética robusta, flexible y fiable, capaz de responder a las circunstancias más exigentes. Ahora es el momento de dotarla del marco adecuado para seguir cumpliendo esa función en un entorno cada vez más complejo. Apostar por su sostenibilidad no es solo preservar un activo; es consolidar la capacidad de España para anticipar riesgos, responder a crisis y ejercer un papel relevante en el equilibrio energético europeo.

Naiara Ortiz de Mendíbil Romo
Secretaria General de Sedigas