Redes de gas: activo estratégico para la seguridad y la competitividad industrial del país

El debate energético europeo ha experimentado una transformación profunda. Si durante años el foco se situó casi exclusivamente en la descarbonización y el cumplimiento de los objetivos climáticos, hoy la propia Unión Europea reconoce que la seguridad y la autonomía energética constituyen un asunto crítico de primer orden. La transición ya no puede abordarse únicamente en términos de reducción de emisiones: debe garantizar, de manera simultánea, la sostenibilidad del sistema, la estabilidad del suministro y la competitividad industrial.

Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados y la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania han evidenciado que la seguridad energética no es un concepto accesorio. Constituye una condición estructural para el funcionamiento de nuestras economías.

En este nuevo equilibrio, la seguridad debe situarse al mismo nivel que los esfuerzos para avanzar en sostenibilidad y reducción de emisiones. Descarbonizar, sí, pero sin comprometer la autonomía estratégica, la asequibilidad ni la estabilidad del sistema.

En este contexto deben analizarse las infraestructuras gasistas: no como activos del pasado, sino como piezas esenciales para una transición ordenada, técnicamente viable y económicamente responsable.

La reciente jornada celebrada en la sede de CEOE permitió constatar un consenso claro entre operadores, industria y expertos: no existe política industrial sólida sin seguridad de suministro; y no hay seguridad de suministro sin infraestructuras resilientes, disponibles y financieramente sostenibles. Las redes energéticas constituyen la columna vertebral del sistema.

Como recordó nuestro presidente, «no podemos caer en el equívoco de elegir entre seguridad y sostenibilidad». Ambas dimensiones son complementarias y forman parte del trilema energético europeo junto con la asequibilidad. Priorizar una en detrimento de las otras genera desequilibrios con consecuencias económicas y sociales significativas.

Las iniciativas comunitarias —Pacto Verde Europeo, REPowerEU o Fit for 55— establecen una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030 y 2050. Pero la evolución del contexto internacional ha reforzado la dimensión de autonomía estratégica. La resiliencia energética europea exige infraestructuras robustas, diversificadas y adaptables, capaces de responder ante escenarios extraordinarios sin comprometer el suministro ni la estabilidad de precios.

El sistema gasista español ha demostrado esa capacidad. En momentos de máxima tensión, nuestras redes han garantizado el suministro con fiabilidad, contribuyendo a la estabilidad del sistema energético y a la protección del tejido productivo. Esta resiliencia es el resultado de décadas de planificación, inversión y gestión eficiente bajo un marco regulatorio que ha permitido mantener elevados estándares de seguridad y disponibilidad.

Además, las redes de gas no solo sostienen el presente: habilitan el futuro. Son la plataforma natural para integrar progresivamente gases renovables como el biometano y el hidrógeno renovable, facilitando la descarbonización eficiente de sectores gasintensivos —refino, químico, metalurgia, farmacéutico, vidrio, papel o industria alimentaria, entre otros— donde las alternativas tecnológicas no son hoy viables desde el punto de vista técnico o económico. Prescindir de estas infraestructuras implicaría renunciar a una herramienta esencial para reducir emisiones preservando competitividad.

La transición energética no puede asentarse sobre la obsolescencia prematura de activos estratégicos. Debe apoyarse en su modernización y adaptación progresiva. Implica evolucionar con racionalidad económica y coherencia industrial.

En este marco, la revisión del modelo retributivo para el periodo 2027–2032 será determinante. El diseño regulatorio que se adopte condicionará la sostenibilidad económico-financiera del sistema y enviará señales claras —o erróneas— a la inversión. Un modelo equilibrado, estable y predecible no es una reivindicación sectorial, sino una condición necesaria para evitar la desinversión en infraestructuras críticas, garantizar su mantenimiento en condiciones óptimas y permitir su adaptación tecnológica para integrar nuevos vectores energéticos.

España dispone de un sistema gasista robusto y flexible. Proyectarlo hacia el futuro con visión estratégica será clave para afrontar con garantías el triple desafío que definirá la próxima década: descarbonización, autonomía energética y competitividad industrial. Las infraestructuras gasistas son parte de la solución. Preservarlas y fortalecerlas es una decisión estratégica de país.

Naiara Ortiz de Mendíbil Romo
Secretaria General de Sedigas